Las anomalías ventiladas por el prosecretario judicial Gonzalo Cornet Esteves en el Juzgado de Instrucción N°2 de la capital convencieron a Roxana Teves de que no puede seguir esperando justicia en Tucumán. La imputada y denunciante del ministro público fiscal Edmundo Jiménez dijo precisamente eso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington (Estados Unidos). La denuncia articulada a comienzos de este año fue firmada también por la ciudadana Cecilia M. Merched, quien se presentó en su carácter de abuela de un niño víctima de la impunidad existente en la provincia.

En el texto, que también fue entregado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y al Colegio de Abogados de la Capital, Teves indicó que el Juzgado N°2 se niega a elevar su caso a juicio oral desde septiembre de 2015 (el despacho quedó acéfalo en 2012 por el fallecimiento de Emma De Nucci). “Merezco ir a ese juicio a contar mi historia de violación de derechos humanos”, expresó Teves, quien reiteradas veces solicitó a la unidad jurisdiccional en cuestión que acepte el requerimiento de la fiscala Adriana Giannoni (el proceso empezó hace siete años). Ninguno de los jueces subrogantes (Alejandro Tomas, Víctor Manuel Pérez y Juan Francisco Pisa) se expidió.

En enero, el prosecretario Cornet Esteves dijo a este diario que había pedido el traslado a la Corte porque el funcionamiento irregular del Juzgado N°2 era vox pópuli. “La mora en el caso ‘Teves’ es responsabilidad del Ministerio Público”, precisó entonces el funcionario. Por este y otros comentarios, Cornet enfrenta un sumario administrativo. En paralelo, Antonio Gandur, presidente de la Corte, ordenó una auditoría en el juzgado, que está en proceso de desarrollo. “¿Cómo es posible que las irregularidades que existieron y existen, y la falta de transparencia que declaró Cornet sean ignoradas?”, interrogó Teves, que en 2010 y mientras estaba en prisión con dos hijos y una nuera por pedido del ex fiscal Guillermo Herrera, renunció al control de un patrimonio de u$s 5,3 millones (por decisión de De Nucci, los plazos fijos quedaron en manos de Edmundo Jiménez -h-, quien actuó como abogado de la denunciante de Teves). Este y otros procesos objetados por el Colegio de Abogados precipitaron la renuncia de Herrera, quien en 2015 se acogió a la jubilación.